20 ministros de economía se reúnen estos días en Fukuoka, Japón, y como suele ser habitual en este tipo de eventos, la agenda está apretada. Pero había una cuestión que la inmensa mayoría de los países representados quería aclarar: el estado de los impuestos a empresas tecnológicas. Que este sector es especialmente culpable de usar estratagemas fiscales para pagar lo mínimo posible (de manera legal siempre, por supuesto), es algo bien sabido.
En Europa, Irlanda ha sido durante años la Meca de las tecnológicas; empresas como Apple, Facebook o Google tienen su sede en Dublin y alrededores. Desde aquí controlan todos sus negocios en Europa, lo que afecta no solo a sus cuentas sino también a cuestiones como la privacidad de los usuarios. Pero estas empresas no tienen presencia sólo en Irlanda; ofrecen servicio a ciudadanos de todos los países europeos e incluso abren oficinas en una buena cantidad de ellos. Y sin embargo, los impuestos los pagan en Irlanda.
El mareo de los impuestos de las empresas tecnológicas
Para fomentar la llegada de empresas tecnológicas (y los ingresos y beneficios adicionales que traen, como puestos de trabajo), el gobierno irlandés ha protegido especialmente al sector tecnológico durante años. Esto se ha traducido en maniobras legales para evitar que pagasen tantos impuestos como les correspondería; algo que no sentó especialmente bien en la Comunidad Europea, teniendo en cuenta la pérdida de ingresos que ello supone.
Ahora el G20 ha puesto sobre la mesa la necesidad de una serie de reglas para asegurarse de que casos como este no se repitan. No es tan simple como obligar a las compañías a pagar impuestos; el miedo de Irlanda, por ejemplo, es que estas compañías simplemente se vayan a otro sitio donde puedan mantener sus ventajas.
Por eso, el G20 está planteándose una serie de reglas básicas que tendrían que seguir todos los países participantes. La propuesta aún no está terminada, pero países como Francia o Reino Unido pretenden que sea mucho más difícil “mover” beneficios de un país a otro buscando los menores impuestos; además, también plantean un impuesto mínimo a estas empresas, una especie de “impuesto digital”. Por otra parte, EEUU no está muy contenta de unas propuestas que afectarían principalmente a sus empresas, llegando a hablar de “injusticia”.
Ambas medidas serían los dos “pilares” en los que se basarían el resto de reglas. Sin embargo, para eso aún falta un poco; el objetivo es alcanzar un consenso para finales del 2020, según Reuters.
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